Dejemos al Gobierno en su laberinto económico para fijarnos una vez más en esa guerra cada vez más evidente que enfrenta, nada menos, al Tribunal Supremo y al Constitucional. Parece que los dos grandes partidos han llegado a un pacto para la renovación más que urgente estas importantísimas instituciones que vienen a ser la culminación de una de las bases de la democracia: el poder judicial, ese que tan mal parado sale en la encuestas populares y que nos escandaliza un día si y otro también con sentencias incomprensibles, decisiones que crean alarma social y procesos como el de Gómez de Liaño que luego se desautorizan en tribunales internacionales.
A la Justicia le hace falta algo más que dinero: le hace falta, sobre todo, independencia real, unidad de criterio, claridad a la hora de definir las competencias y un fiscalía y un fiscal general que sea realmente del Estado y no del Gobierno de turno. Luego, en otro momento, habrá que hablar también de dinero, pero no sólo de eso. Porque la ciudadanía -en nombre de la cual se imparte la Justicia, no lo olvidemos- no comprende que tres etarras con sentencia firme paguen una fianza y salgan de la cárcel por una depresión, una apnea o un tratamiento de fertilidad. No se entiende. Y no se entiende que un pederasta o un violador que no están reinsertados en opinión de los forenses, vuelvan a la libertad para seguir -como se ha demostrado muchas veces- en lo mismo. Ni se acepta que un tipo que ha robado 36 veces comparezca y vuelva a la calle a robar como si nada. Esto y muchas cosas más.
Es posible que con el Código en la mano tengan razón las jueces y carezcan de otra salida. Pero si lo que falla es el Código, que sean los propios jueces y los propios fiscales los que presionen al legislativo y propongan los cambios necesarios para que esto sea de verdad un Estado de Derecho que garantice, lógicamente, la presunción de inocencia y el derecho a la mejor defensa pero que no olvide que es la sociedad la que ostenta y delega la posibilidad de impartir justicia. Porque aquí se han desvirtuado muchas cosas y entra ellas dos muy espinosas.
La primera es la interpretación de la Ley que el juez debe hacer en todo caso. Esa ausencia de violencia que se invocó en el último gran escándalo del juicio contra un pederasta, resulta no sólo discutible sino difícilmente justificable, diga el juez lo que diga, como ya han expuesto muchos juristas mejor que yo. La ley es la ley, pero quien interpreta esa ley, es el juez. Y, en ocasiones, lo hace contra el sentir de la sociedad.
El segundo tema espinoso es el ya claro enfrentamiento del TS y el Constitucional, empeñado este en enmendar la plana de aquel. Y es que los hechos han convertido al TC en una última instancia que nunca fue y no debe ser. El Constitucional no puede convertirse, como está ocurriendo, en un tribunal "supersupremo" sino limitarse a su función: estudiar -y sólo admitir- si en los casos que le llegan están o no dentro de la Constitución.
Sería muy importante para todos que, aprovechando las negociaciones entre los dos grandes partidos, se dejaran claros lo límites de los campos y se escuchara a jueces fiscales para entender y en su caso modificar las leyes necesarias. No es bueno cambiar los Códigos cada dos por tres, pero es mucho peor regirse por unas leyes que provocan alarma social y el descrédito de la Justicia.
Andrés Aberasturi
