Los dos hechos demuestran, en primer lugar, la atención social, y la alerta que mantienen los órganos judiciales para tratar de conseguir algo que ha resultado casi siempre imposible: que los etarras pagaran los daños causados, tanto en el mobiliario urbano, cuando se ha tratado de violencias callejeras, como en las valoraciones que los jueces han hecho a la hora de determinar el coste a pagar a las víctimas del terrorismo. Algo parecido ocurre, sin intención de comparar, con lo que ha venido sucediendo con las grandes estafas. Cada vez más se exige que los condenados sólo puedan recuperar su libertad una vez que hayan abonado esas indemnizaciones. Dos casos concretos, de fácil comprensión: El que fue director general de la Guardia Civil, todavía en prisión, Luis Roldán, ha disfrutado ya de varios permisos carcelarios, y se vez en cuando se recuerda el tiempo de condena que aún le resta para recuperar totalmente su libertad.  ¿Lo hará sin haber abonado al Estado, en su totalidad, el dinero que le robó, y que procedía de los fondos reservados destinados, en principio, a la lucha contra el terrorismo? Otro caso: también viene disfrutando de permisos carcelarios el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, y no se excluye que sin demasiada tardanza pudiera recuperar también su plena libertad. La pregunta es la misma: ¿Habrá devuelto al ayuntamiento marbellí y a los habitantes de la ciudad los millones que robó durante el tiempo de su gestión? De lo contrario, tanto Luis Roldán, como Julián Muñoz, o como los etarras a quienes ahora se obliga a pagar indemnizaciones con todos sus bienes, habrían podido hacer un excelente negocio: privarse de libertad durante un tiempo a cambio de garantizar sus robos y el coste de sus daños.