Según manifestó JSC en un comunicado, la aprobación definitiva de esta directiva supondría "un terrible atraso" desde el punto de vista de los derechos laborales y del Estado de Bienestar, y "una clara apuesta por la Europa del mercado, y sólo del mercado", en detrimento de la Europa social y de los ciudadanos, "en la que la creemos la mayoría de los europeos, y de manera especial los españoles, quienes, a su juicio, no identifican la Unión "con conceptos como el de explotación laboral".

Por ello, el secretario general de JSC, Antonio Bezanilla, aseguró que Juventudes Socialistas de Cantabria apoyará "cualquier medida de presión social, política o mediática" con el fin de evitar que esta medida se apruebe en el Parlamento Europeo.

Además, los jóvenes socialistas han pedido al Gobierno de España, al de Cantabria y al PSOE que hagan "todo lo necesario", y que "no ahorren esfuerzos" para conseguir frenar la aprobación de esta directiva en el Parlamente Europeo, "porque es un auténtico despropósito que además implica abrir la puerta a posteriores recortes de los derechos de ciudadanos y trabajadores, ésos que han distinguido siempre a Europa y que la han situado a la cabeza en cuanto a niveles de bienestar social en el mundo".

En este sentido, JSC pidió al PSOE que inicie "inmediatamente" los contactos con el resto de los partidos socialistas europeos para "hacer frente común" en el Parlamento Europeo, y exigió a todos los partidos españoles con representación en el Parlamento Europeo que voten en contra de esta iniciativa, "y que así se hagan eco del sentir de la inmensa mayoría de los ciudadanos" españoles.

Bezanilla también anunció que desde Juventudes Socialistas se enviará una carta a todas las organizaciones juveniles socialistas de Europa y a la Organización de Juventudes Socialistas de Europa (ECOSY) pidiendo "unidad de acción" con el fin de evitar que la jornada laboral de hasta 65 horas se implante en la Unión Europea.

Para los jóvenes socialistas, la directiva no es sólo "un auténtico despropósito que atenta contra un derecho laboral adquirido hace más de 90 años", sino que resulta "completamente incomprensible para los ciudadanos", a quienes "resulta realmente difícil de asumir que sus gobiernos y la propia Unión Europea aprueben normas que recortan derechos, ponen en peligro la seguridad laboral de los trabajadores, y echan por tierra reivindicaciones tan importantes como la conciliación de la vida laboral y familiar".