El titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Santander ha condenado a dos años de prisión, por un delito de estafa, a una mujer que se hizo pasar por abogada y que se presentó como futura juez de Castro Urdiales e hija ilegítima del Rey de España. La sentencia, dictada por conformidad de las partes y hecha pública hoy, también condena a la acusada, natural de la localidad navarra de Tudela, a pagar indemnizaciones por un total de más de 24.000 euros a sus víctimas, así como el importe de los salarios dejados de percibir por las personas a las que contrató.
Según relata el fallo judicial, la procesada, Ana Maria B.J, condenada anteriormente por un delito de insolvencia punible y sendos delitos de estafa, simuló ser abogada, a pesar de carecer de titulación habilitante, realizando públicamente actos propios de la profesión usurpada con el nombre de otra persona, todo ello, con el propósito de enriquecerse, "obteniendo una ventaja patrimonial ilícita".
Igualmente dijo ser la próxima juez de Castro Urdiales, así como hija ilegítima del Rey de España, usando a este efecto los nombres de Maria Mercedes de Borbón Pina de Orleáns Cirite, o de Maria de las Mercedes Alejandra de las Anas de los Santos Borbón Pina.
Con estos sobrenombres firmó distintas documentaciones, contratando para sus servicios desde su llegada a Castro Urdiales en noviembre de 1999, y hasta el 5 de agosto de 2000 en que fueron denunciados los hechos, a una persona para cuidar de su tío mutilado de guerra; a un taxista de la localidad castreña quien la prestó dos millones de pesetas; a la esposa de éste, quien también la dejó 500.000 pesetas así como utensilios para el hogar, y a la hija de los anteriores para tareas domésticas.
También contrató a otra persona como chófer; a otras dos mujeres para realizar tareas domésticas, y a otro hombre como chofer para los fines de semana y a una persona más como conductor, a quienes no pagó los trabajos realizados ni devolvió el dinero prestado.
Según la sentencia, con idéntico propósito, la acusada solicitó dinero para realizar inversiones en bolsa a dos personas que le entregaron 750.000 pesetas cada una de ellas y a un tercero le pidió un millón y medio de pesetas, sin que el mismo llegara a entregárselo, ofreciéndose a éste como abogada en ejercicio.
También se ofreció como tal a otra persona, e intervino en varios testamentos en la notaría de Portugalete, figurando como abogada del Ilustre Colegio de Vizcaya y albacea contador con el nombre de Ana Mercedes Pina Cirite, y en otro más realizado en la notaría de Baracaldo.
La sentencia señala que estos hechos, consignados como probados por expreso reconocimiento de la acusada, son constitutivos de un delito de estafa por el que se le impone la pena de dos años de prisión, así como el pago de indemnizaciones y los salarios adeudados con los intereses legales correspondientes.
